“No existe la menor duda que muchos de los desaparecidos salieron vivos del Palacio”. El 4 de noviembre de 2010, con la presencia del Sr. Presidente de la República, el del Congreso, los de las Altas Cortes y del delegado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, a los 25 años de haber ocurrido la cruenta toma terrorista del Palacio de Justicia y la retoma no menos cruenta por parte de las fuerzas militares, se encendió en el lugar de la tragedia una llama perenne que recuerda lo sucedido en aquel fatídico día como homenaje a todos los apóstoles de la justicia y sus colaboradores que perdieron la vida en ese lamentable episodio. Todas las cabezas del Estado colombiano se comprometieron con el país y con las víctimas a la necesidad imperiosa de encontrar la verdad, hacer justicia y lograr la reparación de los perjudicados, a fin de que algún día pueda pasarse tan difícil página en la historia de nuestra República. Como Presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese momento aplaudí el informe de la Comisión de la Verdad que cumple el primer propósito y abogamos porque los delitos allí ocurridos se calificaran como de lesa humanidad para impedir prescripciones e impunidades. La justicia colombiana ha avanzado en algunos procesos, ya hay condenas y reparaciones ordenadas judicialmente, por sentencias judiciales y no por proyectos de sentencia como opinan algunos. Para ninguno de los protagonistas que han trabajado en los tres sentidos, verdad, justicia y reparación, existe la menor duda que muchos de los desaparecidos salieron vivos del Palacio. La justicia internacional lo primero que mira es la eficacia de nuestro sistema de justicia y no obstante el largo tiempo transcurrido, la realidad es que lentamente ha venido dando resultados. Flaco favor se hace al país y a la administración de justicia, falseando la verdad, negando por negar, tapando el sol con las manos. La peor defensa es aquella cargada de artimañas y contraria a la evidencia de los hechos. Con semejante estrategia no hacemos otra cosa que lograr la condena del Estado y revictimizar a los perjudicados. Los implicados tienen todo el derecho a la defensa en los respectivos procesos, pero confundir la defensa de éstos con la del Estado es la peor equivocación; la defensa del Estado consiste precisamente en respaldar las decisiones de la justicia nacional sobre estos episodios, la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas.