Juan David Huertas Ramos
En junio de 2020 Semana publicó el artículo “Colombia: una despensa para el mundo” en el que Alan Bojanic resaltaba nuestro potencial agrícola. El representante de la FAO argumentaba que Colombia es el 3er país de la región en disponibilidad de agua y el 4to en tierras libres con vocación agrícola.
Sin embargo, el funcionario dejó de lado cinco aspectos de orden estructural que le contradicen.
Primero, estimar la capacidad productiva de un país en términos de la superficie apta para la labor agrícola supone, erróneamente, que su potencial económico depende tan sólo de las dotaciones iniciales y no de su gestión.
Segundo, las políticas agrícola y de sector externo, deben proporcionar garantías a los productores nacionales que enfrentan competidores extranjeros en el mercado local. Teniendo en cuenta las condiciones económicas de Colombia, la satisfacción de la demanda se determina por la variable precios bajos en virtud de maximizar la relación consumo-ingreso.
Tercero, la economía es acerca de incentivos y eso pareciera estar olvidándose. Recientemente, el país ha considerado que el narcotráfico es un delito conexo a la política proporcionándole más garantías a los narcotraficantes que a los campesinos, pues no existe una vía expresa que les permita a los productores agrícolas convertirse en políticos de la noche a la mañana.
Cuarto, debemos considerar que la pobre infraestructura vial es la barrera que, cosecha tras cosecha, deben enfrentar los productores colombianos con el ánimo de obtener beneficios. De tal situación, los intermediarios son los únicos beneficiarios ya que toman una parte importante de los ingresos de los productores a la par que presionan el alza de precios perjudicando al consumidor.
Quinto, en Colombia pareciera existir la tradición de atender las necesidades estructurales con medidas de corto plazo. Un ejemplo de ello lo tenemos en la crisis actual. La gobernación de Cundinamarca ejecutó en días pasados la “Papatón”, una iniciativa exitosa que superó todas las expectativas en ventas de papa directamente por los productores del departamento, sin embargo, no deja de ser una medida coyuntural para un problema estructural.
En ese sentido, el agro colombiano requiere medidas de largo plazo que le permitan generar condiciones de competitividad. Podríamos empezar por reconocer que los productores agrícolas son, esencialmente, empresarios que combinan los factores de producción a su disposición para resolver un problema económico. Claramente, el campesino-productor no necesita ayuda, necesita garantías para ejercer de forma rentable y segura su actividad económica, las cuales suponen acompañamiento técnico, institucional, económico y jurídico.
Así las cosas, se hace indispensable la formulación de políticas de Estado, y no gubernamentales, que faciliten el tránsito del productor agrícola al rol de agro empresario. Como empresarios, los productores agrícolas podrán acceder favorablemente al crédito, fortalecer su representatividad gremial y percibir recursos estratégicos y financieros que le garantizan condiciones preferentes en el mercado.
Finalmente, Colombia necesita que el agro sea una importante alternativa de desarrollo económico-social y no el testimonio de la esencia nacional a desconocer.