Por segunda vez y en menos de tres meses, la capital huilense se ve sometida nuevamente a un paro en el transporte urbano de pasajeros. Primero fueron los taxistas los que recurrieron a las vías de hecho para impedir la prestación del servicio público esencial.
Ahora, son los propietarios de buses y colectivos, apoyados por los conductores a quienes deben subordinación, quienes se negaron a cubrir las rutas habituales, afectando sensiblemente la movilidad de miles de usuarios.
Las dos protestas han tenido un mismo argumento. La informalidad en el transporte, la proliferación del mototaxismo, la piratería de rutas, los taxis colectivos, entre otros, que deterioran la prestación del servicio y afectan los ingresos y la sostenibilidad de las empresas.
Los argumentos, entre otros son legítimos, y evidencian una grave problemática que se ha venido acentuando y que ponen en alto riesgo la viabilidad de Sistema Estratégico de Transporte para Neiva.
Independientemente de la problemática que tiene razón de ser, no hay razones para interrumpir arbitrariamente la prestación de un servicio público esencial.
Los paros en los servicios públicos esenciales como el transporte están expresamente prohibidos en Colombia.
Por esa razón la operación del transporte público está bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.
Esto significa que prima el interés general sobre el particular. Y por más válidas que sean las razones de los propietarios de vehículos no pueden paralizarlo o dejarlo de prestar, afectando a la ciudadanía. Estas vías de hecho, atentan además contra otro derecho, ese sí fundamental de la ciudadanía, a la libre movilización, a la locomoción.
Las discrepancias entre los propietarios de buses y las autoridades locales no pueden terminar afectando a la ciudadanía, su razón de ser.
Las empresas habilitadas, plenamente autorizadas para operar las diferentes rutas también son responsables por la interrupción del servicio. Las empresas a las cuales están afiliados los autores de la protesta deben interceder para la normalización del servicio. No hay razones para que una inmensa mayoría resulte afectada por un puñado de pequeños y medianos transportadores.
Y más cuando, en medio de las reclamaciones, se ocultan claros intereses electorales.
Las autoridades locales deben garantizar el servicio. Aunque deben atender adecuadamente las demandas y reclamaciones, buscar las soluciones y concertar, también les corresponde hacer cumplir la ley.
En caso contrario, exigir a las empresas, el cumplimiento de las rutas, e imponer las sanciones ejemplares a las que haya lugar. Las empresas no pueden pasar de agache y aceptar tácitamente la rebelión de sus afiliados. Internamente tienen mecanismos para restablecer el servicio.
El paro no puede prolongarse, en momentos en que comienza la temporada escolar. Las autoridades deben liberar las rutas, abrir los procesos sancionatorios a que haya lugar y ejercer el poder discrecional para gobernar. La ciudadanía debe exigir que se garanticen sus derechos.
“Estas vías de hecho, atentan además contra otro derecho, ese sí fundamental de la ciudadanía, a la libre movilización, a la locomoción”.
Editorialito
Inesperadamente partió al otro mundo la señora Regina Quintero de Ariza, madre del director de Comfamiliar Armando Ariza y del contador Guillermo Ariza. Sentimos su partida. A sus demás familiares, nuestra sincera voz de pésame.