Luisa Fernanda Flórez Rincón, gerente de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, fue inhabilitada y multada por las irregularidades en la operación del programa de Alimentación Escolar. Sin embargo, como su jefe, recobró la libertad y exige la devolución de la fianza.
RICARDO AREIZA
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Utilizando facturas falsas y proveedores ficticios, extrañamente conseguidos en municipios del Huila, a (antes Alfaba) se apropiaba de recursos públicos destinados para la alimentación escolar en los colegios públicos.
Aunque esta era una práctica común, usada para justificar los costos de las raciones en las diferentes regiones del país donde manejaban la contratación, en Santander, se descararon y terminaron enredados.
Por estos hechos de corrupción, el 24 de junio del año pasado, la Procuraduría le formuló cargos. La falta fue calificada definitivamente como gravísima a título de dolo.
La ejecutiva de 41 años fue sancionada ayer por la Procuraduría General de la Nación, al encontrarla disciplinariamente responsable de los actos de corrupción. Además, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa le impuso como sanción accesoria, una multa estimada en 4.320 millones de pesos.
El agente del Ministerio Público concluyó que Flórez Rincón, incurrió en falta disciplinaria como particular que cumple una función pública, porque con su conducta generó un detrimento patrimonial al Estado, en desmedro de la efectividad de la prestación que materializaba el derecho a la educación de los niños de Santander.
“Además, dijo, inobservó el principio de moralidad, no actuó con rectitud, lealtad, honestidad y permitió que terceros se apropiaran de recursos públicos”.
“La investigada inobservó el principio de moralidad pública de la función administrativa y transgredió el desarrollo de sus responsabilidades y obligaciones contractuales como operador del PAE”, reiteró.
Por los mismos hechos fueron investigados la secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, y el coordinador del PAE en ese departamento, Aníbal González Sánchez.
“Con estas conductas los exfuncionarios desconocieron los principios de transparencia, responsabilidad y el deber de selección objetiva que rigen la contratación estatal e impactaron negativamente los principios que rigen la función pública”, subrayó.
Contra esta decisión procede recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria.
Contrato leonino
El contrato fue suscrito el 21 de abril de 2016, entre la Gobernación de Santander y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones para cubrir el Programa de Alimentación Escolar en 82 municipios, por un valor inicial de $23.844 millones.
En septiembre del mismo año, coincidencialmente, el contrato tuvo dos adiciones: La primera por $6.700 millones y posteriormente una segunda adición por $5.200 millones de tal manera que el valor total del contrato ascendió a $35.744 millones. De estos 125.000 niños eran ‘fantasmas’.
Ese es uno de los 24 contratos que administraba en ese momento en el país por un monto superior a los 152.448 millones según lo reportó el procurador General, Fernando Carrillo Flórez.
Facturas falsas
En Tarqui (Huila) la ‘Cooperativa’ supuestamente contrató la preparación y entrega de postres con la Asociación de Padres de Familia Restaurante Escolar la Galaxia por veinte millones de pesos para el suministro de postres. El comprobante de egresos N° 0022858, usado para ‘soportar’ el pago fraudulento está fechado el 2 de mayo de 2016. El dinero fue cancelado mediante cheque N° 764650 el 2 de mayo de 2016 del Banco de Bogotá. El beneficiario fue Alejandro Varón, ajeno a la transacción.
La agremiación comunitaria está inactiva. Los antiguos directivos confirmaron que no conocían a la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, que supuestamente los contrató, ni tuvieron relación o negocios en el pasado.
En Algeciras (Huila) compraron mercados a una asociación de transporte de pasajeros que no presta este tipo de servicios.
En Suaza (Huila) hicieron aparecer un pago por 290,32 millones de pesos a la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar Palo Gordo, por el suministro de frutas y verduras. El comprobante de egresos N° 00022457 está fechado el 22 de abril de 2016. La Asociación está inactiva y nunca realizaron negocios con esa empresa. Tampoco producen frutas. Esta planta se utilizó para la compra del apartamento que le sirve como reclusorio en vez de cárcel.
También aparece otro pago por 100 millones de pesos por la compra de carne para el PAE de Santander a favor de la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar Medio Oriente del municipio de Tello (Huila). El comprobante de pago N° 00023007 fue expedido el 4 de mayo de 2016 por $100 millones. El representante del restaurante escolar no vende carne. Según la Fiscalía el cheque fue cobrado por una persona de confianza de Germán Trujillo Manrique.
Según el comprobante de egresos N° 00023027 del 5 de mayo de 2016 se pagaron $100 millones por concepto de mercados para el programa de restaurante escolar. Estos recursos fueron girados supuestamente a la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar Sartenejal, en Guadalupe (Huila).
El cheque fue cobrado por ventanilla por el mensajero de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada. El representante legal del restaurante escolar reportó que la agremiación está inactiva y nunca ha vendido alimentos”.
El contrato más polémico para el suministro de tamales se realizó en Acacías (Meta) por 30 millones de pesos con la Asociación de Operadores de Grúas T&A. Los trabajadores de grúa certificaron que no tenían habilidades culinarias y no sabían hacer tamales. Complementariamente, los tamales no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes.
En Rovira (Tolima) supuestamente fue contratada la Asociación Familia Proyecto Al Futuro, por 60 millones de pesos para el suministro de frutas. Los dineros fueron consignados en la cuenta de la señora Catalina Trujillo, quien sería la hermana de Germán Trujillo Manrique, según lo confirmó el propio Fiscal General.
De estos también aparecieron los comprobantes de egresos, utilizados para el fraude.
Condenados
Por estas irregularidades, la ejecutiva bogotana fue condenada a tres años y seis meses de prisión, en un preacuerdo secreto pactado con la Fiscalía. Además, fue condenada al pago de una multa por 742 millones de pesos y quedó inhabilitada por 58 meses para ejercer cargos o funciones públicas.
La contratista, capturada en Bogotá fue sentenciada por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bucaramanga, por los delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales en concurso con peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. La sentencia fue proferida el 15 de agosto de 2018.
El empresario huilense Germán Trujillo, dueño de la cooperativa, también fue condenado a 42 meses de prisión. Trujillo se allanó a cargos y devolvió $2.284 millones.
El preacuerdo le garantizó la detención domiciliaria que le otorgó el Juzgado 13 Penal Municipal con función de garantías de Bucaramanga.
Trujillo Manrique permaneció con detención domiciliaria en el condominio ‘Abadías’ en un exclusivo sector en Floridablanca, Santander. Curiosamente, el lujoso apartamento fue adquirido con dineros del Programa de Alimentación Escolar (PAE). En diciembre pasado recobró su libertad plena.
Según la Fiscalía, ese apartamento fue cancelado con recursos que se desviaron utilizando una factura ficticia, supuestamente para suministrar frutas y verduras. El contrato por 290 millones de pesos se hizo aparecer como girado a la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar Palo Gordo en Suaza (Huila).
Los directivos de la agremiación desmintieron ese negocio, aseguraron que nunca han tenido relaciones con la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones y además, que en ese lugar no producen frutas.
El dinero fue girado por German Trujillo mediante cheque N° 764641, siendo beneficiaria la Fiduciaria Fidubogotá-Portobello.
Quedaron libres
Aunque parezca increíble, la señora Flórez Rincón, durante su reclusión, no solo obtuvo los beneficios propios de ese acuerdo (la reducción de la pena en un 50%) sino que además gozó de otras bondades. Durante su permanencia en el centro de reclusión de mujeres de Bucaramanga fue beneficiada redención de la pena en por lo menos tres oportunidades.
El 8 de julio de 2019 le otorgaron el beneficio de detención domiciliaria que disfrutó en su residencia en Bogotá y un mes después le otorgaron la libertad condicional.
El 4 de diciembre pasado, para completar, solicitó la libertad definitiva por extinción de la pena y devolución de la caución.
La ejecutiva, aunque inhabilitada por 20 años, se encuentra en Bogotá, con libertad condicional. Como su antiguo jefe, espera que un juez de garantías, le confirme su libertad definitiva, que deberá producirse en los próximos días.
En el Huila
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por supuestas irregularidades administrativas en los programas de alimentación escolar (PAE) con la misma empresa.
La investigación vinculó inicialmente a los gobernadores de las dos últimas administraciones, a sus secretarias de educación, lo mismo que a los alcaldes de Neiva, a sus secretarios de Educación y jefes de Contratación. Fueron imputados los responsables técnicos y supervisores de los contratos.
El contrato No. 515 de 2015, celebrado con la Gobernación del Huila, suscrito el 11 de marzo de 2015, tuvo un costo inicial de 11.141 millones de pesos. También se investigan anomalías en las contrataciones en Neiva y Pitalito.
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en los contratos de suministro No. 863 de 2014 por 7.144 millones de pesos, y No. 1585 de 2015 por otros 7.583 millones de pesos, adjudicados por la Alcaldía de Neiva entre 2014 y 2015.
La Contraloría General de la República, curiosamente ordenó el archivo de los dos procesos de responsabilidad fiscal por cobros indebidos cancelados a la cuestionada Cooperativa Surcolombiana de Inversiones.
Sanción en Putumayo
En un segundo fallo revelado ayer, la Procuraduría sancionó con suspensión por 11 meses al exsecretario de Educación de Putumayo y supervisor del contrato, Jorge Enrique Ferrín Dorado. Además, con suspendió por 10 meses al entonces secretario de Servicios Administrativos, con funciones de gobernador de Putumayo, Óscar Darío Mallama Quetama (2017), y por 9 meses al exjefe de la Oficina de Contratación, José Luis Moreno Lozano.
Según el organismo, los pliegos de condiciones del Contrato 023 de 217 celebrado con la Unión Temporal Putumayo Somos Todos 2017, para el suministro del PAE, estaban ‘amarrados’.
Además, el indicador de rentabilidad del activo como requisito financiero fue variado al momento de realizar la evaluación final de la única propuesta presentada, y no mediante adenda como correspondía legalmente.
El Ministerio Público comprobó que la firma Putumayo Somos Todos 2017, conformada por Seval Logística SAS y la Fundación SAC de Colombia (Fundación de Profesionales al Servicio de la Seguridad Alimentaria de Colombia), hizo un reembolso de gastos por $1.657 millones a Multimodal Express, una firma que no hace parte de la UT, pero si tenía vinculación con Seval Logística SAS.