A lo largo del mes de marzo se han presentado dos incidentes asociados a la práctica del parapentismo. El primero, ocurrido en Calarcá, en el que lastimosamente, una mujer perdió la vida, durante un vuelo que había contratado con una agencia que opera en la zona. El segundo incidente involucra a dos personas que iniciaron su vuelo en la parte alta del Pico Colón, presentado dificultades durante el vuelo y llevando a que una de estas personas se accidentara y tuviera que ser socorrida por su guía, con el que tuvieron que esperar cerca de una semana, para ser evacuados de la zona.
Este tipo de noticias lleva a que uno piense instintivamente, en una palabra: regulación. ¿Hará falta regulación? ¿Será muy blanda? ¿Será necesario endurecer el marco regulatorio para garantizar la seguridad de quienes practican esta actividad? Al buscar en internet, es fácil encontrar que efectivamente existe regulación al respecto, sin embargo, considero que el parapentismo plantea serios desafíos a la hora de hacer cumplir la regulación, me explico. En condiciones normales, una autoridad que ejerza la inspección, vigilancia y control de una actividad puede dirigirse (en tierra) al lugar donde una empresa lleva a cabo sus actividades. En contraste, el parapentismo es usualmente practicado en acantilados y en alta montaña, lo cual dificulta el desplazamiento y el seguimiento a la actividad por parte de las autoridades correspondientes. Sumado a esto, no se necesita de infraestructura física, como una pista, en la que las autoridades tienen el monopolio de la actividad, tal como ocurre de forma cotidiana con los aviones. En resumen, si yo quisiera emprender vuelo, de forma irresponsable (sin contar con las respectivas licencias y certificaciones), lo único que necesitaría, sería el equipo y una montaña, las cuales abundan en nuestro país. Esto, con la tranquilidad de que no me voy a encontrar a la Aerocivil o la Policía controlando el despegue.
Ahora bien, la pregunta del millón sigue siendo: ¿qué podemos hacer al respecto? Como lo podrán imaginar, un endurecimiento de la regulación solo podría ser exitosa siempre y cuando las autoridades comiencen a hacer presencia rigurosa en todos los cerros del país, lo cual resulta un poco inviable teniendo en cuenta las problemáticas que existen en tierra. Como segunda alternativa, podría considerarse la implementación de un seguro obligatorio equivalente al SOAT, con el que se pueda garantizar la indemnización de las personas afectadas, así como el pago de las actividades de rescate.