La construcción de un sistema integral de educación nacional de alta calidad exige coherencia entre el discurso y decisiones del Gobierno y la realidad evidente.
Los inconvenientes que deben resolverse son de diversa complejidad y ninguno da espera. El problema no se localiza solo en la educación superior, ni obedece únicamente al manejo y destinación de los recursos provenientes de matrículas en unas pocas instituciones privadas. El problema abarca todo el sistema educativo en cobertura, gobernabilidad, supervisión y control, financiación, costos y calidad, en general, tanto en lo público como en lo privado.
En consecuencia, la reconstrucción del sistema educativo debe ser integral, desde el prekínder hasta los posdoctorados, en todos los aspectos atinentes al sector.
Las reformas deben regir integralmente en los sectores público y privado, bajo el principio de que la educación es un derecho fundamental que no debe utilizarse ni dejarse utilizar como negocio y medio de acumulación de capital. Este es el fundamento para que en la nueva normatividad se le dé prevalencia a la educación estatal, desde la cual es posible desarrollar equidad e inclusión en el acceso.
La reconstrucción del sistema educativo exige remover, desenmascarar y desmontar todos los intereses económicos que dominan la educación privada y la injerencia de la politiquería y el clientelismo, en la pública regional, en particular.
El Gobierno y la sociedad deben reconocer las causas y los efectos de la mala calidad de la educación que se imparte en Colombia en todos los niveles, desde hace décadas, con la anuencia y tolerancia del Estado.
Diagnósticos e indicadores suficientes lo demuestran, con el agravante de que son peores, año tras año.
Al respecto, es aberrante que el Gobierno tolere, que solo 30 de las 286 instituciones de educación superior (10 %) tengan acreditación de alta calidad y que de 10.253 programas académicos solo 798 (8 %) cuenten con acreditación.
Los requisitos para obtener acreditación deben ser más exigentes. El nuevo marco legal de la reforma debe precisar que, sin acreditación, ninguna institución de educación superior pueda desarrollar programas de posgrado. Además, precisar el término durante el cual los programas nuevos puedan ser desarrollados sin acreditación.
El proceso educativo, en cualquier nivel, como parte sustancial en la mejora de la calidad, debe proporcionar al estudiante condiciones para adquirir y estimular la capacidad de escudriñar, imaginar, crear, innovar y desarrollar y cimentar conciencia crítica independiente. Este puede ser el desafío más difícil de la reforma integral, puesto que demanda el concurso y comprensión del estamento docente y debe superar la inercia de la rutina academicista prevalente, dominada por objetivos e intereses del consumismo, impuestos bajo el disfraz de la pertinencia en la formación del capital humano, en habilidades y competencias que demandan los sectores productivos del siglo XXI. Es el reiterado discurso que se escucha de muchos académicos y representantes del Gobierno que opinan y reflexionan sobre educación.
Un sistema educativo de calidad integral debe establecer y garantizar condiciones para que cada estudiante adquiera comprensión y afinidad hacia valores humanos y lo moralmente bueno. Con ello y los conocimientos teóricos y prácticos logrados le resultará factible adquirir personalidad armoniosamente desarrollada. El actual sistema está muy lejos del perfil educacional ideal que debería alcanzar todo profesional. Si bien debe ser modelado y estructurado desde el hogar y el prekínder, el Estado debe impulsarlo mediante normativas. Es objetivo al que debe apuntar la formación integral de cada ciudadano, en cualquier rama del conocimiento. Estos planteamientos involucran necesariamente a la familia y a la sociedad. Son un imperativo en la formación académica y deben hacer parte del correspondiente pénsum académico, en la estructuración del nuevo sistema educativo colombiano.