La Nación
Se reactiva proceso por soborno a concejales 1 2 julio, 2020
INVESTIGACIÓN

Se reactiva proceso por soborno a concejales

El empresario Rened Cantillo Álvarez, involucrado en un nuevo escándalo público, podría quedar exento de cualquier responsabilidad penal por el soborno a los concejales de Neiva. Un nuevo juez de conocimiento programó para septiembre una nueva audiencia para soportar la acusación.

 

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

El juicio contra los concejales, servidores públicos y particulares, comprometidos en la fraudulenta elección de Personera y Contralor de Neiva, volvió a programarse para septiembre próximo.

Aunque parezca un chiste, la audiencia se viene programando desde el 5 de mayo de 2019, nueve meses después de haber sido capturados.

A pesar de las restricciones por la propagación de la pandemia y aun en el umbral de la prescripción, la continuidad de la audiencia preparatoria, aplazada desde el 12 de marzo pasado, tomará un nuevo aire en medio de la complejidad del proceso que compromete a nueve concejales de la época, varios aún en ejercicio, a un ex diputado, cuatro servidores públicos, entre ellos los dos elegidos y el  empresario Rened Cantillo Álvarez, enredado en un nuevo escándalo en plena cuarentena.

Después de numerosos aplazamientos, la mayoría por circunstancias ajenas a los defensores, la audiencia de acusación venía aplazada desde el 12 de diciembre de 2019, un año después de haber radicada (20 de diciembre de 2018).

El último intento para reanudar la audiencia preparatoria se realizó el 13 de marzo pasado, antes del confinamiento obligatorio, pero se frustró, inesperadamente.

La juez Tercero Penal del Circuito de Neiva, Elvira Inés Zamora Gnecco, se declaró incompetente horas antes de la diligencia. La funcionaria argumentó que en calidad de juez de garantías, le correspondió la legalización de las capturas, la imputación y las medidas de aseguramiento contra los implicados en este escandaloso caso.

Al declararse impedida, la juez puso esta causal en conocimiento del Juzgado Cuarto Penal del Circuito que le seguía en turno. La juez, aceptó sin reparos el impedimento; asumió el conocimiento y fijó fecha para la nueva audiencia.

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El empresario Rened Cantillo, podría quedar exento.

Nueva audiencia

En estas condiciones, la audiencia preparatoria y el juicio oral se tramitarán a partir del 28 de septiembre de 2020 con la prescripción en los talones. Sólo para el descubrimiento probatorio, se requerirán por lo menos cinco audiencias que tendrán que ajustarse a la congestionada agenda del despacho y por lo tanto, no se alcanzará a concluir antes del receso judicial del próximo mes de diciembre.

Por la complejidad del caso, el extenso volumen probatorio y el número de implicados, la sustentación de la acusación se surtirá en por lo menos otras cinco o seis audiencias continuas, que deberán surtirse el próximo año.

La bancada de la defensa, sostiene con razón, que por cuenta de la Fiscalía y de las decisiones judiciales, el juicio puede tardar por lo menos otros cuatro años.

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La prescripción

La excesiva mora judicial, atribuida en su gran mayoría a la propia Fiscalía, provocará en la práctica la prescripción para los particulares involucrados en los escandalosos sobornos.

Entre ellos el financiador, René Cantillo, quien aportó los dineros para el soborno y sirvió de puente para la aterradora compra-venta de los servidores públicos comprometidos en la irregularidad.

El empresario, acusado como coautor del delito de cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo y sucesivo, como otros particulares involucrados, podrán salir judicialmente indemnes, al paso que avanza el proceso de corrupción política, uno de los más emblemáticos adelantados en el Huila.

Cantillo Álvarez, ‘El hombre del maletín’, quedó en libertad en septiembre de 2019 por vencimiento de términos. El ex contralor José Hildebrand Perdomo, corrió con la misma suerte y hoy no tiene ninguna restricción y aparece como asesor jurídico de varios municipios, entre ellos asesor de la alcaldesa de Tarqui, Dora Liliana Trujillo.

Aunque parezca insólito, el juicio contra los  concejales servidores públicos y particulares, comprometidos en la amañada elección de los dos voceros de los organismos de control no ha podido iniciarse. Ni siquiera la fiscal ha podido sustentar el extenso escrito de acusación, soportado en 33.000 interceptaciones telefónicas.

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Los vericuetos

El escrito de acusación fue presentado el 20 de diciembre de 2018. Por la complejidad del proceso y la extensión del escrito de acusación el juez de conocimiento fijó la audiencia con seis meses de anticipación para que en este tiempo adecuado y suficiente, la Fiscalía pudiera adjuntar las pruebas pendientes. Sin embargo, no se hizo. Inicialmente, la acusación  fue programada para el 5 de mayo de 2019.

Un día antes de la audiencia, citada en noviembre de 2018, el fiscal de apoyo, Óscar Ochoa Ramírez, sorpresivamente solicitó el aplazamiento de la diligencia judicial.

La primera audiencia de revisión de legalidad fue realizada el 26 de febrero de 2019. Sin embargo, fue suspendida. La diligencia reservada fue reprogramada para el 4 de abril. Ese día  los concejales y demás imputados no autorizaron el cotejo de voz.

El procurador judicial Alejandro Agudelo Parra, cuestionó la demora de la Fiscalía para realizar a destiempo la prueba judicial.

La audiencia de acusación fue programada para los días 12 y 13 de diciembre de 2019. Luego se fijó para febrero y finalmente para  el 13 de marzo, cuando sufrió un nuevo traspié. Ahora, superado el impedimento volvió a programarse para el 28 de septiembre de 2020, sometido a las premuras de la finalización del año judicial.

 

El caso Cantillo

El empresario Rened Cantillo, enredado en un nuevo escándalo, esta vez por agresión a un vigilante, quien le reclamó por desatender las restricciones de la cuarentena en un establecimiento público, está hoy en plena libertad, sin restricciones.

La detención domiciliaria le fue levantada por vencimiento de términos, con la posibilidad de quedar exento de cualquier responsabilidad penal por los sobornos a concejales.

El comerciante, según la Fiscalía, de común acuerdo con Heidy Lorena Sánchez,  José Hildebrand Perdomo Fernández y Oscar Humberto Urueña ofrecieron a los concejales dinero y otra clase de utilidades para sus recomendados (puestos públicos en la Contraloría, Personería y otras entidades públicas y privadas a cambio de que votarán favorablemente por el candidato a la Contraloría que se llevó a cabo el 9 de enero del 2016. Igualmente por la ayuda que prestaron para que resultara electa en el cargo la Personera de Neiva”, explicó la Fiscalía.

“Por su voto favorable en el caso de la elección de Contralor y la ayuda en el concurso para proveer Personera municipal los concejales recibirían una suma de dinero y cargos públicos para sus amigos y recomendados en la Contraloría y Personería, en Empresas Públicas de Neiva, en la ESE Carmen Emilia Ospina, Comfamiliar, en el Terminal de Transportes de Neiva, entre otras entidades, todo esto dentro de un contexto de dádivas y compromisos adquiridos con el contralor”, precisó la fiscal Susana Lozano, al formular la acusación.

“El imputado Castillo Álvarez, reconocido comerciante de Neiva en el área del café, ofreció y prestó su respaldo económico aportando dineros, guiado por la mera conveniencia personal y con el fin específico de que los entes de control Contraloría y Personería quedarán en cabeza de José Hildebrand Perdomo y Heidy Lorena Sánchez para obtener posteriormente provecho de ello con el nombramiento de familiares y particulares que pudieran escoger entre varias hojas de vida, la Fiscalía cuenta con varios registros de llamadas intervenidas que revelan no sólo el acuerdo previo sino que hubo ofrecimientos de prebendas y otra utilidad a cambio de la elección de los dos personajes en este escrito citamos sólo algunos de ellos sin embargo se descubrirán a la defensa todas las llamadas intervenidas”, sostiene el documento.

“Rened Cantillo Álvarez en estos hechos delictivos es mencionado como ‘El Hombre del Maletín’, esto es, la persona que pagaría los compromisos adquiridos con los concejales. Esto se evidencia en las conversaciones telefónicas legalmente intervenidas”.

“La elección de personero era un acto legítimo que se encontraba en cabeza de los concejales según los postulados constitucionales y legales”, explicó el ente acusador.

“No obstante, los concejales en lugar de obrar conforme a la ley, vulneraron los principios de objetividad y transparencia en la convocatoria para proveer esos cargos a cambio de recibir el dinero  y nombramientos para los recomendados que éste comprometió”, aseguró la Fiscalía.

“Rened Cantillo Álvarez,  de común acuerdo con Perdomo, Urueña y  Sánchez Castillo ofrecía el pago de dinero,  gestión de nombramientos y contratos con entidades públicas y privadas a los concejales a cambio de que ellos ejecutan actos contrarios a sus deberes oficiales en los procesos de elección de Personera y Contralor”.

Esta intervención se hizo, a juicio de la Fiscalía, para que “la elección no tuviera tropiezo ni dilaciones y se surtiría de forma breve a efectos de ir asegurando el cumplimiento de los propósitos acordados y para que votaran a favor de José Hildebrando Perdomo, su amigo personal, constituyendo así la dupla que necesitaban para poder cumplir varios de los compromisos adquiridos con los concejales y quiso hacerlo”

“Con su comportamiento Cantillo Álvarez lesionó de manera efectiva y sin justa causa el bien jurídico de la administración pública afectando la probidad de un órgano de elección popular como es el Concejo de Neiva que mediante los ofrecimientos su mayoría cedió la protección del interés general orientando su voluntad para que resultaran electos Sánchez Castillo y Perdomo Fernández a cambio de obtener los beneficios prometidos”.

Con ese comportamiento, agregó- Cantillo afectó de manera efectiva y grave el bien jurídico de la administración pública. Por lo anterior, la Fiscalía acusa con probabilidad de verdad a Rened Cantillo Álvarez como coautor de la conducta punible  cohecho por dar  u ofrecer en la modalidad de concurso homogéneo y sucesivo.

“Rened Cantillo Álvarez actuando de común acuerdo y através de una pluralidad de acciones infringió varias veces la misma disposición penal e incurrió en varias ocasiones en el mismo delito de cohecho por dar u ofrecer mediante el ofrecimiento que hizo a por lo menos 10 concejales”, reseña la acusación.

Cómo se presenta un concurso de conductas punibles por infringir varias veces la misma disposición penal quedará sometida a la que establezca la pena más grave aumentada hasta en otro tanto sin que supere la suma aritmética de las que le correspondan a sus respectivas punibles debidamente dosificadas.  Aun así, el plazo de los cinco años, estaría agotado.

El delito de cohecho  prescribe a los cinco años. Sin embargo, por ser un particular, pero además, por no tener antecedentes, la pena a imponer no se le puede aumentar, lo que en términos prácticos, significaría que el término ya estaría prescrito.

Los delitos se cometieron a finales de 2015 y se materializó el 8 de enero de 2016 con la elección del contralor José Hildebran Perdomo.

La ‘operación prepago’ arrancó, según la propia Fiscalía, el 17 de noviembre de 2015, con las reuniones secretas y separadas con los concejales ‘veteranos’ y otra en las mismas condiciones con los ‘primíparos’.

Durante estos encuentros, algunos con trago incorporado, se definía el monto del soborno, entrega de dinero en efectivo y las demás prebendas como puestos y contratos.

Los veteranos recibirían, según los pactos, 15 millones de pesos cada uno. Para los demás, las cifras variaban, según la habilidad y poder de cada cabildante.

Solo cuando lograron sellar la ‘operación prepago’ Heidy Lorena Sánchez Castillo decidió participar en el concurso y se inscribió a finales de noviembre de 2015, fecha clave para determinar la comisión de las conductas.

En este caso, la acción penal estaría prescrita por mandato legal, al agotarse el plazo para haberse castigado.

Y el primero en beneficiarse sería el comerciante de café Rened Cantillo Álvarez, involucrado en otro escándalo al agredir al vigilante del centro comercial Zaragoza, donde estaba violando la cuarentena; le quitó el arma de dotación y le disparó.

Luego con otros dos enigmáticos acompañantes aun no identificados huyeron en las camionetas de alta gama, dejando abandonado al herido.

 

 

2 Comentarios

jairo aponte 1 junio, 2020 at 8:47 am

POR FIN LA UNIDAD INVESTIGATIVA DE ESTE PASQUIN SE ANOTÓ UN PUNTO.
LO QUE QUIERE DECIR, QUE “LA JUSTICIA” EN ESTE PAIS, COJEA, PERO NUNCA LLEGARÁ.
ESTO ES UNA DESGRACIA DE PAIS DE NUNCA TERMINAR.

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