Estudiantes y padres de familia no permiten el acceso al plantel, en una situación que ha tenido un amplio debate entre la comunidad y el Gobierno departamental.
Cuando los padres de familia conocieron la decisión de designar un rector diferente al hermano Miguel Ernesto García, se concentraron y no permitieron el lunes pasado la entrada del designado Jesús Antonio Muñoz, quien debió regresar a Neiva.
Imelda Hernández, vocera de la comunidad, dijo que “esto es algo que hemos reclamado y todos los años y en los últimos años nos dieron la razón y se mantuvo la comunidad de La Salle, pero ahora no sabemos qué es solo lo que está pasando”.
‘Hay voluntad de diálogo’
LA NACIÓN dialogó con la secretaria de Educación del Huila, María del Carmen Jiménez, quien precisó que pese al interés de resolver el conflicto, el Gobierno “no puede pasar por encima de la ley”.
“La comunidad lasallista venía siendo contratada por la Secretaría de Educación del Huila para que prestara los servicios administrativos y pedagógicos en la Normal, pero el año pasado el gobernador Iriarte, la secretaria de Educación, presentaron un estudio al Ministerio de Educación Nacional –que se debe presentar en octubre-, mediante el cual ellos justifican la presencia o no de la contratación con comunidades religiosas”, explicó Jiménez.
“En ese estudio, ellos plantearon que solamente necesitaban la presentación de la propuesta pedagógica de la comunidad lasallista, por cuanto el Departamento está sometido a un convenio de desempeño que suscribió con el Ministerio de Hacienda”, agregó la Secretaria de Educación del Huila.
Ese convenio con el Ministerio, indicó, “obliga al Departamento a no nombrar rector ni directivos docentes (lasallistas) en la Normal, porque según la planta que aprueba el Ministerio, existen rectores para que dirijan la Normal, y que solamente se contrate la propuesta pedagógica, que para nosotros es la esencia del proceso educativo”, agregó la Secretaria de Educación.
En cumplimiento de la ley
Precisó que “si el gobernador Carlos Julio González Villa y yo nombramos los directivos docentes allá (de la comunidad lasallista), cometemos un peculado, porque estamos gastando plata del patrimonio público cuando existen los directivos docentes para ubicar allá”.
“Nosotros dialogamos con ellos, hablamos con el Viceministro, el doctor Carlos Julio lo ha llamado y le ha dicho que si el Ministerio nos permite cambiar el estudio de insuficiencia que dejó el gobierno anterior y nos autoriza que contratemos la parte administrativa y pedagógica (con los hermanos lasallistas), no tenemos ningún impedimento. Pero si lo hacemos por encima de la ley, quienes se van para la cárcel y con todas las acciones disciplinarias, fiscales y demás, somos nosotros”, concluyó la funcionaria.
Jiménez fue enfática en advertir que se han buscado todos los medios de diálogo con la comunidad, de manera directa o a través de otros delegados, “pero ellos solo aceptan el todo o nada”.
“Son ellos los que les están negando el derecho a la educación a los niños, no nosotros, y si persisten en esa situación, pues nos toca tomar las medidas: es mandar los rectores para allá para que el proceso educativo no se interrumpa, pero queremos que la comunidad entienda que hay voluntad administrativa y política para resolver eso.
Les dijimos que en octubre se presentarán de nuevo los estudios de insuficiencia, haremos una nueva valoración, miraremos toda la circunstancia de tiempo, modo y lugar, pedagógicas, si nos toca hacer acciones con el Ministerio vamos con ellos, los acompañamos, porque reconocemos que el Proyecto Educativo Institucional que ellos han liderado es supremamente valioso, es formación en valores, hay calidad de la educación y todo esto, pero tenemos este impedimento”, puntualizó la funcionaria.