En desayuno de trabajo convocado el pasado mes de diciembre por las directivas de Fenalco, capitulo Huila, fueron muchos los temas que la señora Directora invocó como fuente de preocupación para ese importante gremio y cuya solución es imperioso tener en cuenta por el próximo mandatario local. Temas como la seguridad. educación, movilidad, competitividad y productividad, turismo, etc., enmarcaron el catalogo enunciado. Sin embargo, hubo un cuestionamiento relacionado con la corrupción y la contratación estatal que, dadas las actuales circunstancias preelectorales, es dable ocuparnos en estas breves líneas.
Es verdad irrefutable que la incidencia de sumas mayúsculas de dinero en las campañas políticas es la principal fuente de desigualdad entre contendores políticos, pues otorga una ventaja indebida, vulnera las reglas de juego democráticas, sustituye las ideas y programas por el fulgor momentáneo y vacio del metal, hace minusválido el derecho a elegir y ser elegido; hipoteca la administración pública y siempre se corre el riesgo adicional de que se desprecie las cimientes de nuestro Estado de Derecho en provecho de donantes al margen de la ley.
Ciertamente nuestra carta política se ocupa del tópico de la financiación de las campañas políticas y la obligatoriedad del concurso parcial y permanente por parte del Estado a estos efectos; mediante leyes estableció la limitación al monto de gastos y cuantía máxima de contribuciones privadas; inclusive, prevé en el ordenamiento constitucional la pérdida de investidura o cargo a quien se le demuestre que ha sobrepasado estos montos de financiación. No obstante, es innegable que los condicionamientos aludidos han puesto a prueba la recursividad de quienes ven el acceso al poder como un fin en sí mismo, motivo por el cual la permisividad de los partidos políticos, de la precaria investigación por los entes competentes , del asentimiento tácito de la comunidad anestesiada y castrada en sus derechos, dejan hacer y dejan pasar sin mayor sobresalto, lo que debería ser factor importante en el desarrollo de los pueblos.
Y qué decir de la contratación estatal. En procura de mantener incólume el principio de transparencia, alrededor del cual giran los demás que la sostienen, se han promulgado diversas normas tanto administrativas, como penales y disciplinarias. Sin embargo, a la par de esas limitantes y sanciones, surgen excelsos juristas y jefes de contratación dispuestos a exprimir interpretaciones jurisprudenciales que permitan, mediante términos de referencia y requisitos habilitantes preconcebidos, dirigir sin trastorno moral alguno la adjudicación del contrato, ya para pagar la inversión de la campaña, mantener equilibrado el juego político, lograr la coima convenida, patrocinar candidatos que sostengan los propios proyectos, en fin, generar la fortuna que en condiciones diferentes le había sido esquiva. No dudo en señalar a la indebida financiación de campañas y contratación estatal como fuentes relevantes de corrupción administrativa.