La Nación
Tragedia jurídico-institucional y social 1 27 octubre, 2020
COLUMNISTAS OPINIÓN

Tragedia jurídico-institucional y social

Marcos Silva Martínez

 

La decisión que acaba de tomar  la Corte Constitucional, respecto a la Sentencia condenatoria del delincuente exministro de agricultura, Felipe Arias, es fiel prueba   degradación moral dominan y crece en la institucionalidad colombiana.

Una estructura jurídico-institucional, tiene que ser sólida y única, nunca sujeta a cambios e interpretaciones sesgadas, para acatar y satisfacer perversos interés de delincuentes de cuello blanco. No debe permitir modularse e interpretarse al antojo, caprichos e intereses de genuinos delincuentes, tanto en el desarrollo de los procesos, como después de la Sentencia de condena. La consecuencia inmediata es el estímulo del desacato del ordenamiento legal, del caos institucional, la anarquía en el ejercicio del poder público y el colapso de la ética y la moral pública y la cultura ciudadana en general.

Son las condiciones que soportan y justifican el calificativo de cultura mafiosa, al referirse a la idiosincrasia colombiana, el investigador Luis Jorge Garay.

La sociedad colombiana es víctima del caos y anarquía generalizada, que reinan en todas las esferas del poder público, que se traduce en impunidad, corrupción y abuso del poder.

Son las condiciones que garantizan el accionar de delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia común y que tipifican el Estado Fallido, en que la politiquería, el clientelismo, la codicia de lo público y la corrupción convirtieron Colombia.

Lo que acaba de ocurrir en la Corte Constitucional, respecto y en beneficio del delincuente Felipe Arias, obedece a la negación constante de los gobiernos y del Congreso, a aprobar una reforma judicial que impida para siempre la injerencia y participación del gobierno, el Congreso y la politiquería en la selección y nombramiento de todos los jueces de la república, procurador, contralor y fiscal, general.

Esa designación y nombramiento debe ceñirse y soportarse estrictamente, en formación académica, experiencia jurídica, edad.

La selección debe hacerse en orden estricto de puntajes obtenidos en concurso de méritos, realizado cada cinco años, por las tres universidades públicas mejor posicionadas en el ranking internacional de universidades.

En el caso de nombramiento de Magistrados de las Altas Cortes, el concursante para ser elegido, debe disponer de posgrado en el área en que se debe desempeñar, cursado en universidad con acreditación de Alta Calidad, tener mínimo 60 años cumplidos, y estar ubicado con el máximo puntaje, en cada caso, según la especialidad requerida.

Debe existir un reglamento racional y razonable, de acuerdo con el nivel del cargo, para la selección y nombramiento de todos los jueces de la república.

El caos, la anarquía, mediocridad, clientelismo, corrupción y politiquería que ha contagiado la Rama Judicial, desde hace tiempo, son responsables de la ineficacia, laxitud, y corrupción que se evidencia con la impunidad rampante y el favoritismo que benéfica a la delincuencia de cuello blanco. Son los factores y recursos en que fundamentan el accionar delictivo y con los que se protegen los delincuentes usufructuarios del poder público.

Un marco legal-institucional racional, en todos los aspectos del ejercicio del poder público, puede garantizar correcto manejo de los recursos del estado, sostenibilidad fiscal, pronta y cumplida justicia y responsabilidad demostrable en el cumplimiento de los deberes del estado. En Colombia vamos en contravía de los sanos objetivos sociales que permiten desarrollo socioeconómico equitativo y mejoramiento constante de la cultura y el conocimiento.

El ciudadano también es responsable porque vota mal y con su actitud ante el ejercicio del poder público, generalmente guarda silencio cómplice.

 

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