El dedo en la llaga La semana pasada, la Sala Penal del Tribunal de Bogotá profirió una decisión histórica, que involucra al coronel en retiro Alfonso Plazas Vega por los hechos del Palacio de Justicia. En dicha providencia tuvo participación directa el honorable magistrado de nuestra tierra Alberto Poveda Perdomo, quien tuvo la fortuna de tomar una decisión de esta magnitud para la historia del país. Lo primero que debe decirse es que las decisiones deben siempre respetarse y acatarse, se compartan o no y lo digo como abogado litigante y ciudadano. Lo segundo, es que a raíz del despliegue mediático, los magistrados que tomaron la decisión deben gozar de una mayor protección del Estado para evitar efectos colaterales en contra de ellos derivado de “la mano negra”, que llama el Presidente Santos. Lo tercero, se deriva del fallo, en la medida en que Colombia no ha cerrado todas sus heridas. Lo cierto es que efectivamente se desaparecieron personas vivas de las cuales nunca más se supo. También es cierto que los miembros del M-19 cometieron un gran error al tomarse el Palacio de Justicia y que mataron inocentes civiles. Según la Comisión de Memoria Histórica creada por la Corte Suprema, muchos magistrados murieron a manos del propio Ejército de nuestro país. Dentro del fallo se obliga a que el Ejercito ofrezca disculpas a las víctimas, cuestión difícil de realizar, porque hace parte del orgullo de la milicia, sin embargo, las providencias de los jueces deben cumplirse. Por eso algunos han señalado que cómo es posible que las Fuerzas Armadas tengan que hacer este acto en la medida en que no fueron ellos quienes se tomaron el Palacio de Justicia. Frente a esto hay dos caminos, lo que hizo el M-19 desmovilizarse, firmar la paz, participar de la democracia y pedir perdón o seguir en las armas para que la justicia actúe. Esa fue la decisión de los militares. Cosa distinta es si se someten a un proceso de punto final a través de la verdad y la reparación, además que no se le puede exigir lo mismo a un delincuente, que como dijimos tiene el camino de la paz o del sometimiento, que a un servidor público, quien tiene una carga de responsabilidad mucho más alta frente al Estado y la sociedad. El deber de cuidado es más alto para el servidor público que para el criminal raso, por eso es que quien hurta un bus recibe menos pena que quien se apropia de los dineros públicos. El camino final sería un proceso de justicia restaurativa en donde las víctimas conozcan del paradero de sus familiares y se sepa la verdad de lo ocurrido.