Las relaciones de Colombia con Venezuela, hace rato que no funcionan bien. Eran claras las señales de humo que se levantaban alrededor de sus fronteras. Las acciones aparentemente menores del vecino país, mostraban con claridad que el asunto era de cuidado. Que la restitución de relaciones aparentemente normales, tendrían un difícil manejo, ya que los diferentes medios de comunicación advertían que el gobierno venezolano venía sacando a empujones a los colombianos, muchos de ellos legalizados en ese país, haciendo letra muerta de los tratados que ese Estado ha convenido y firmado con Colombia y los demás de la región. Es que ser irresponsable es muy grave. Cómo olvida que está sometido a las normas del Derecho Internacional Humanitario, y que tiene que acogerse a ellas, dado que establecen obligaciones de forzoso cumplimiento que se deben respetar, proteger y realizar los Derechos Humanos. Al hacer parte de los tratados internacionales, los Estados asumen obligaciones y deberes en virtud del derecho internacional. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos o grupos. En caso de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional o internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales que ayuden a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local o regional. Por tal razón, en la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones cuyo origen sean los tratados. Parece que el gobierno de Venezuela ha adoptado otros instrumentos que reflejan las preocupaciones específicas en materia de derechos humanos de la respetiva región. Siendo así, Colombia no debe acudir a Unasur, porque no es el organismo para confiar en su fallo. Si en la OEA, que se presumía de su imparcialidad no fue así, entonces a Colombia le queda asumir una actitud recia, dado el drama que viven sus gentes. Porque el gobierno venezolano culpa a los colombianos de la crisis económica que vive, queriendo tapar el sol con un dedo; él sabe muy bien que son sus políticas aplicadas, especialmente por los saqueos que ellos mismos generan. Ese puede ser el caso de Venezuela en más de 12 años de dictadura. Y para tapar acusan al vecino de las cosas que ellos hacen. El odio no es un derecho.