El Gobierno Nacional anunció esta semana algunas medidas inmediatas para conjurar el paro agropecuario.
Entre las medidas figuran el control a los precios de fertilizantes y plaguicidas; la eliminación de aranceles para algunos de estos insumos, una especie de libertad vigilada de precios temporalmente, y la importación directa de fertilizantes, como lo han pedido los cafeteros.
El gobierno restringiría la importación de papa, lactosueros, leche en polvo, quesos, fríjol, arveja, pera y tomate. También se eliminarán o reducirán los aranceles de importación de los fertilizantes. Aunque sanas, serán medidas coyunturales que no podrán remediar problemas estructurales del sector agropecuario. Y menos, en un escenario de economía global, agravada con los efectos de los tratados de libre comercio, que apenas comienzan a sentirse.
La consolidación de los tratados de libre comercio tendrá graves repercusiones en la economía campesina. Ya comenzamos a sentir pasos de animal grande con la desaparición de sectores agrarios, la dependencia de víveres importados y la baja calidad de la dieta de los colombianos. Y por supuesto, el inminente desabastecimiento alimentario, la otra gran amenaza.
Los cultivos de maíz amarillo, trigo y cebaba disminuirán drásticamente su producción y serán sustituidos por otros. Además, los cuartos traseros de pollo importados de Estados Unidos a bajo costo, amenaza la supervivencia de los productores nacionales. Igualmente, el consumo de lácteos, carnes y huevos, esenciales en la dieta de los colombianos.
Sólo ahora, comienzan a aflorar las primeras consecuencias de esos tratados de libre comercio, negociados desde el anterior gobierno de espaldas al país.
Y lo más grave: el país no reacciona frente a los efectos de los TLC que están entrando en plena vigencia. Algunos cultivos, la avicultura y la ganadería tienden a desaparecer por su baja rentabilidad y nivel de competitividad. Y se sumarán otros sectores.
No en vano, ante este dramático panorama, el país reclama una política de desarrollo agrícola integral que zanje las grandes diferencias. El gobierno tiene la obligación de cumplir el mandato constitucional. Sólo basta que cumpla el Artículo 65: “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”.
Si un país no garantiza la seguridad alimentaria de sus ciudadanos no tiene ninguna posibilidad de mantener su independencia y soberanía nacional.
“Si un país no garantiza la seguridad alimentaria de sus ciudadanos no tiene ninguna posibilidad de mantener su independencia y soberanía nacional”.
EDITORIALITO
El Ministerio de Transporte alertó a los alcaldes del Huila por la demora en la agilización de los convenios para recuperación de las vías terciarias. No hay razón para que los alcaldes sigan dilatando la ejecución de los recursos.