El director del Instituto, Javier Humberto Guzmán Cruz, dijo a LA NACIÓN que “serán cerradas porque no cumplen con los requisitos sanitarios y de higiene del país”.
El Decreto tiene por objeto además establecer el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano.
“El Sistema estará basado en el análisis de riesgos y tendrá por finalidad proteger la vida, la salud humana y el ambiente, y prevenir las prácticas que puedan inducir a error, confusión o engaño a los consumidores”, explicó Guzmán.
De las 642 plantas de beneficio que existen en el país, 315 desaparecerán paulatinamente si no cumplen con las normas ambientales y sanitarias a las que debieron ajustarse desde hace nueve años.
En el caso del Huila, los únicos sitios de beneficio animal de categoría nacional que aplican, según los requisitos del Decreto 1500, son las de Pitalito, Garzón, La Plata y Ceagrodex en Neiva y como plantas de categoría de autoconsumo están los municipios de Suaza, Íquira y Algeciras. Las demás están por fuera y tendrán que cerrarse.
Sin doliente
Este medio visitó la planta de cárnicos de Garzón, que lleva más de seis años abandonada, extendiendo el deterioro con sus consecuencias para la comunidad, que se expresa preocupada.
El matadero está funcionando en medio de reparaciones que han hecho los encargados de la concesión, en cabeza del comerciante Gustavo Rojas Cardozo.
“Está en operación bajo la vigilancia del Invima, aunque sea para que preste servicios temporales mientras se implementa el Sistema de Planta de Cárnicos que hace más de seis años se proyectó y no se ha terminado de construir”, se informó.
En la vereda de Guacanas, en la vía que de Garzón conduce al municipio del Agrado, está la obra, en abandono, después de haberle invertido más de $2.500 millones, pero al no haberse asegurado la totalidad de los recursos para la terminación y dotación quedo inconclusa y hoy enfrenta un embargo de Finagro y Banco Agrario.
En razón a que la inversión fue a través de la Asociación de Comercializadores de Carnes, que es de carácter privado, el Municipio no pudo invertir agravando la situación.
El alcalde Édgar Bonilla explicó que “se está evaluando el comportamiento y estado de la planta y de la construcción en procura de buscar las alternativas necesarias para retomar las instalaciones y tratar de ponerla a tono con las exigencias de las autoridades para que comience a brindar el servicio a la comunidad de Garzón y a otros municipios vecinos del centro del departamento”.
En vilo área rural
Mientras, poblaciones de las zonas rurales están alerta y en la incertidumbre porque la mayoría de lugares de sacrificio están en malas concisiones y por ende en la mira de las autoridades ambientales y de policía encargadas de hacer el seguimiento respectivo.
En los centros poblados del Municipio hay por lo menos 15 mataderos que no cumplen con los requisitos sanitarios para operar, según se concluyó de un reporte en el Concejo local.
El tema fue abordado en el Cabildo de Garzón por los concejales Joselito Guevara Rojas y Rodolfo Sotelo Gómez, preocupados por la situación planteada. “Esperamos que pronto haya respuestas en beneficio de quienes directa e indirectamente están operando el degüello de ganados y comercializando la carne de res y de cerdo, que es la que surte a las comunidades durante los fines de semana”, señalaron.
Diagnóstico
De las 642 plantas de beneficio que hay en el país, o mataderos, como son denominados por la mayoría de personas, 315 desaparecerán de manera paulatina, si no cumplen con las normas ambientales y de higiene, a las que debieron ajustarse, luego de darles un plazo de 9 años.
Se estima que en el primer año de implementación del decreto se cerrarán en forma progresiva 233 plantas, o mataderos de bovinos (hay 388 plantas); y 75 de porcinos (hay 142). En aves la situación es diferente, hay 112 plantas abiertas y solo habría que cerrar 7, informó el Invima. Se espera que en 12 meses se realice todo el plan de cierre programado de plantas de beneficio.
Muchas de las plantas tienen que operar por algún tiempo para que no haya desabastecimiento en algunas zonas del territorio nacional, pero no será superior a un año.
Entre las alternativas, existe la posibilidad de que algunas de esas 315 plantas puedan reabrirse, pero se debe cumplir con una de las siguientes condiciones: si hacen parte de los planes de racionalización que se adelantan en cada municipio, el cual lleva un proceso de 7 años en varias zonas, y la otra es si cumplen con todos los requisitos del decreto 1500.
La intención de la Alcaldía es retomar las instalaciones y tratar de ponerla a tono con las exigencias de las autoridades.