En un verdadero ‘dolor de cabeza’ se convirtieron los reductores de velocidad en la capital del Huila. No estamos hablando de los reductores que se construyen bajo las normas técnicas en las calles de la ciudad, sino a los que acude la ciudadanía para forzar a los conductores a que disminuyan la velocidad de los vehículos, pero que están originando daños en los automotores. Algunos de estos ‘policías acostados’ como se les conoce en el argot popular, suelen ser tan altos que los conductores tienen que hacer piruetas para pasarlos sin golpear los vehículos.
En varias ocasiones, estos reductores de velocidad, muchos de ellos sin señalización, han originado caídas de motociclistas. Villa Carolina, por ejemplo, se puede constituir hoy en el barrio de Neiva con más reductores de velocidad, construidos muchos de ellos ‘chambonamente’. Los residentes del sector se han dedicado durante los últimos meses a construir reductores de velocidad, sin ningún control.
Lo grave es que el asunto es el reflejo de cómo la ciudadanía tiene que hacer algo que no efectúa la Administración Municipal. Según datos de la misma secretaría de Movilidad, en esa dependencia hay en estos momentos 1.295 solicitudes para construir reductores, pero solo hay presupuesto para hacer 60 durante las siguientes semanas. El problema es que ante la falta de respuesta oficial, la ciudadanía termina construyendo adefesios en las vías.
Sobre el tema y consultado por LA NACIÓN, el secretario de Movilidad Jimmy Puentes pidió a los neivanos denunciar los ‘policías acostados’ construidos ‘chambonamente’ y oficiar a la secretaría de Infraestructura para proceder a demolerlos.
Sorprende que la Administración Municipal espere que la ciudadanía denuncie, cuando los reductores de velocidad están a la vista de todos.
“Sorprende que la Administración Municipal espere que la ciudadanía denuncie, cuando los reductores de velocidad están a la vista de todos”.
EDITORIALITO:
Es natural la ola de indignación que ha desatado el escándalo que vive la justicia colombiana. No cabe en la cabeza de nadie que magistrados en la Corte Suprema de Justicia se hayan prestado para ‘venderse’ y acomodar procesos judiciales.