Sergio Felipe Salamanca
Bastante asombro y revuelo ha generado la sanción de la ley 2098 de 2021, por medio de la cual se reglamenta la prisión perpetua y se realizan reformas al código penal. Sin embargo, lejos de ser una novedad, la precitada ley tuvo como antesala, el acto legislativo No. 1 de julio del año pasado, el cual eliminó de nuestro ordenamiento jurídico, la prohibición de penas de prisión perpetua.
Del acto legislativo mencionado anteriormente, estimo necesario destacar los siguientes aspectos: (i). Cuenta con un especial enfoque hacia la protección de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo a la prisión perpetua, dentro del espectro de penas a imponer, cuando se cometan delitos de homicidio o de acceso carnal contra menores de edad; (ii). A pesar de hacer referencia a la cadena perpetua en el marco de conductas que recaigan sobre menores, la redacción del articulado no le cierra la puerta a la posibilidad de extender la cadena perpetua a otros delitos. Esto podría llevar a que la cadena perpetua se pueda convertir en una eventual herramienta de persecución política; y (iii). Aunado a lo anterior, el acto legislativo consagra una herramienta que, a pesar de no recibir la misma atención e importancia que la cadena perpetua, cuenta con un gran potencial para la prevención y atención de los delitos contra menores.
La herramienta a la cual hago referencia, es al desarrollo de políticas públicas orientadas hacia la protección de los menores, por medio de alertas tempranas, educación, prevención y acompañamiento psicológico. A pesar de ser muy importante el diseño y la implementación de políticas enfocadas en las víctimas y potenciales víctimas, estimo que, en estos casos, también es indispensable el desarrollo de investigaciones respecto de los agresores y potenciales agresores.
Dicho en otras palabras, más que afanarnos por poner a alguien detrás de las rejas por el resto de su vida, debemos empezar a identificar cuáles son las causas y los factores que se encuentran detrás de los crímenes contra los menores, así como de los crímenes y de la violencia contra la mujer, en los que, a pesar de haber existido un endurecimiento en las penas, hemos presenciado incrementos significativos en este tipo de conductas durante los últimos años.