Nuevamente el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre volvió a sorprender al país. El jefe del ente acusador estimó que no es necesario que los colombianos acudan a las urnas para refrendar los acuerdos de paz que se logren con la guerrilla.
En su opinión, no se requiere, desde el punto de vista legal ni constitucional, la refrendación para celebrar los acuerdos.
Según su tesis, sólo basta incorporar los acuerdos en una ley estatutaria que reglamente el marco para la paz y que modifique algunas normas de la Constitución. En este sentido, sólo intervendrá el Congreso, que tramitará la ley y la Corte Constitucional encargada de su revisión y no el constituyente primario, los electores, quienes convaliden los acuerdos.
Según Montealegre, la Ley 418, o de orden público, cuya prórroga autorizó el año pasado el Congreso, le da todas las le da todas las facultades y las herramientas jurídicas al Jefe de Estado para facilitar las negociaciones de paz.
El Fiscal puede tener razón. Pero descartar la convalidación popular de los acuerdos, la participación ciudadana en este evento altamente significativo para la vida del país, es un despropósito.
La refrendación democrática de los acuerdos es indispensable para asegurar la viabilidad histórica y social del proceso de paz. Es más, resulta esencial para la construcción de una paz duradera en un escenario de marcada polarización como ocurre en Colombia.
De hecho, un pacto de esta naturaleza, implicará cambios de alto impacto como las reformas que deberán proyectarse para asegurar la reinserción de los actores armados, pero también la atención de las víctimas. Los acuerdos entre las partes constituyen actos de buena voluntad pero carecen en sí mismo de la fuerza jurídica para aplicarlos. Por eso, la participación ciudadana es definitiva, independientemente del mecanismo de refrendación que se defina, para darle solidez jurídica.
La refrendación, como lo advirtió el Jefe Negociador Humberto De la Calle, produce una enorme legitimidad que va a ser necesaria para la firmeza y sostenibilidad de los acuerdos.
Aunque el Gobierno ha reiterado que la refrendación social es irreversible, debe ser la sociedad civil, la que imponga esta condición. No es solo la decisión del gobierno.
Debe ser la sociedad misma la que avale los alcances de esos acuerdos. La discusión pública y la opinión ciudadana le da transparencia y la habilita socialmente.
La refrendación social, aceptada además por las Farc, no está en discusión. El mecanismo, en cambio, suscita otras expectativas y abre el debate.
“La refrendación democrática de los acuerdos es indispensable para asegurar la viabilidad histórica y social del proceso de paz”.
Editorialito
Lo habíamos advertido: el Chikunguña en el Huila se desbordó. De 2.043 casos reportados el viernes pasado, en sólo cinco días se disparó a 4.376 afectados. El alarmante crecimiento amerita otro tipo de intervención. El gobierno está en mora de asumir en serio la estrategia en zonas como el Huila, altamente vulnerables.