El General Rodolfo Palomino, sacudió a la opinión del país al señalar que era necesario abrir el debate para pensar en implementar la pena de muerte, en casos como el de los niños Vanegas en el Caquetá, postura a la que me opongo rotundamente por mi condición de humanista y por ende, defensor de los derechos del hombre a partir de los siguientes argumentos: La vida es sagrada y ella en un Estado Social de Derecho debe ser garantizada tal como lo consagra el artículo 11 de la Constitución Política, incluso hasta del mas horroroso ser humano.
El no reconocer el derecho a la vida es retroceder cientos de años, en nuestra evolución y borrar todos los esfuerzos que los renacentistas hicieron para poner en el centro de cualquier debate político, jurídico, social y económico al hombre. Filósofos como el italiano Giovanny Picoleda Mirandola, escribió las 900 tesis que inician con la “Oración por la dignidad del hombre”, dichas tesis constituyen las bases del renacimiento y señalaría la necesidad de establecer el derecho inalienable a la discrepancia, el respeto por las diversidades culturales y religiosas y, finalmente, el derecho al crecimiento y enriquecimiento de la vida a partir de la diferencia.
Considerar que es necesario acabar con la vida de alguien así este haya acabado con la de otros, es aceptar que queremos regresar a la ley de Talión, en donde “el ojo por ojo y el diente por diente”, era la regla y no la excepción, esto significaría retroceder en toda una evolución en el derecho procesal que precisamente planteara Cesare Beccaria ya hace más de 200 años.
Ahora, ¿quién pone en duda que la pena de muerte existe en Colombia no de derecho, pero sí de hecho?, contrario a lo que sugiere el General Palomino lo que debemos es derogar la pena de muerte, o son pocas las personas condenadas sin juicio debido que mueren en las puertas de los hospitales y por el simple hecho de la corrupción en el sistema de salud, que irónicamente se financia con los réditos del alcohol causante de muchas muertes en los accidentes de tránsito, y de más penas de muerte que el conflicto armado, o no estamos condenando a muerte a nuestro niños, niñas y adolescentes cuando los sometemos al abandono, los maltratamos e incluso no los alimentamos, hoy condenamos a muerte a muchos de los reclusos que están en la cárcel con precarias condiciones de salud.
A pena de muerte tenemos condenados a nuestros abuelos, a las mujeres víctimas del conflicto, a los desplazados, a los indígenas, a los campesinos, a los jóvenes, a los periodistas y comunicadores sociales, cuando priorizamos el presupuesto para la guerra y le damos armas a los policías y soldados para que aprieten el gatillo y después pregunta quién era.
El problema no es la pena de muerte, es que en Colombia NO EXISTE, una “política criminal” esto es “el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción” (Corte Const C-936/10), no General Palomino, usted juro proteger vidas y bienes, sea por favor coherente con este mandato.
Orgullosamente Docente U. Surcolombiana Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.