Clayton Locket fue declarado muerto el martes 43 minutos después de que se le comenzara a inyectar un cóctel letal que jamás había sido probado en Estados Unidos, cuando por lo general el cóctel tarda 10 minutos en hacer efecto.
La larga y dolorosa agonía por "el fracaso de la intravenosa", según admitieron las autoridades penitenciarias, llevó a suspender una ejecución prevista para ese mismo día y generó indignación, incluso en la Casa Blanca, que criticó ayer la falta de humanidad en el procedimiento.
A raíz de la decisión de los fabricantes europeos de negarse a vender el anestésico más común (el pentobarbital) a quienes lo adquieren para ejecuciones humanas, los 32 estados de Estados Unidos, que aún aplican la pena de muerte, "encuentran grandes dificultades para hallar barbitúricos y se desesperan buscando alguna fuente de aprovisionamiento" para la elaboración de las inyecciones que utilizan, explica Deborah Denno, profesora de Derecho de la Fordham University.
Es así que recurren a preparados muy controvertidos disponibles en farmacias, pero no homologados por las autoridades federales.
"Ello lleva a los Estados que utilizan la inyección letal a improvisar", observó Robert Blecker, profesor de la escuela de Derecho de Nueva York.
Como sucedió en otras dos recientes ejecuciones, "el detenido parece haber sufrido enormemente", comentó por su parte Lyn Entzeroth, profesora de Derecho en la Universidad de Tulsa, Oklahoma. "Es una forma de tortura que plantea problemas constitucionales", dijo.
La gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, ordenó tras la ejecución del martes un "examen completo de los procedimientos" para determinar qué sucedió y por qué.