RICARDO AREIZA
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Un soldado profesional con el camuflado al revés llegó a un bazar campesino, en avanzado estado de embriaguez, contó hasta tres y lanzó una granada de fragmentación contra la multitud. Cinco personas murieron, entre ellas un niño y otros ocho labriegos resultaron con múltiples heridas causadas por las esquirlas.
La tragedia anunciada ocurrió el domingo 28 de agosto de 2005 en la escuela de la vereda El Jardín en jurisdicción del municipio de Isnos.
Dos horas antes, el militar abandonó el improvisado campamento militar y regresó al pequeño caserío cercano al Salto de Bordones, la cascada más alta del país.
El desconocido, de 30 años, se integró a la fiesta campesina preparada por la junta comunal para recaudar fondos destinados a la reparación del centro docente.
Al caer la noche, pidió una botella de ron que compartió con otras personas en medio del pequeño jolgorio. Luego se dirigió a una de las habitaciones y poco antes de la media noche anticipó la tragedia mientras jugaba con una granada.
La masacre
El pelotón habían llegado un día antes a la zona, en cumplimiento de una operación de control en la vereda Buenos Aires en el municipio de Isnos en el sur del Huila.
El soldado profesional Luis Álvaro Hernández Peña, orgánico del Batallón 27 Magdalena de Pitalito se había evadido de la patrulla que adelantaba operaciones en el área confirmó el entonces comandante de la Quinta División del Ejército, brigadier general Carlos Arturo Suárez.
Nadie lo conocía. Cuando lo observaron con el uniforme al revés, pensaron que se trataba de un “malandro”.
“Nosotros no sabíamos que era un militar. Por eso decidimos sacar el dinero que habíamos recolectado porque pensábamos que nos iban a robar”, reveló el presidente de la junta de acción comunal Oliverio Bravo.
“El hombre llegó hacia las nueve de la noche. Estaba tomado. De inmediato pidió una botella de ron que consumió con otras personas en una de las mesas”, precisó el líder comunal.
La gente se sorprendió cuando lo vieron jugando con la granada de fragmentación. Luego se levantó y se dirigió a una de las habitaciones de la escuela y provocó la tragedia.
“El soldado pasaba la granada de una mano a otra, mi primo Miller que había sido reservista le dijo que guardara eso, que eso no era cosa de manipular a nadie, que eso no eran juegos”, relató Eriberto Cerón Sánchez, uno de los sobrevivientes.
“Entonces aquí todos nos morimos”, le respondió, segundos antes de lanzar el artefacto. Contó hasta tres y detonó la granada.
En el hecho perdieron la vida Rafael Sánchez Samboní, Gloria Alba Ortiz Ordoñez, José Miller Peña Zúñiga, Bernardo Meneses Mosquera y John Edison Sánchez Samboní.
La explosión ocasionó heridas a Jairo Nelson Pérez, Edilberto Ortiz, Jairo Régulo Bravo, Alsenober Ramos, Rodrigo Palechor Vargas, Eriberto Cerón Sánchez, José Sarria Martínez y Luis Ángel Cerón Sánchez.
El uniformado fue capturado ese mismo día y fue puesto a disposición de la Fiscalía. El militar, procedente de Sesquilé (Cundinamarca) llevaba cinco años institución.
Sentenciado
El militar se acogió a sentencia anticipada el 11 de octubre de 2007. Tras haber aceptado los cargos, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva lo condenó a 26 años y ocho meses de prisión por los delitos de homicidio agravado en concurso con lesiones personales. Además, le impuso una multa equivalente a 17.3 salarios mínimos mensuales. El uniformado fue absuelto del delito de terrorismo por el cual también fue investigado.
La sentencia condenatoria fue confirmada el 9 de marzo de 2009 por el Tribunal Superior de Neiva.
Destituido
El 12 de octubre de 2007, el comandante del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena en un fallo disciplinario lo halló responsable. La conducta en la que incurrió el uniformado fue calificada como gravísima a título de dolo. El mismo Ejército lo halló responsable de cinco cargos y lo sancionó con la separación absoluta de las Fuerzas Militares e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por 20 años. Adicionalmente, estando preso, tendrá que pagar otra sentencia, esa sí impagable.
Indemnización
Sólo los parientes de la señora Gloria Alba Ortiz Ordóñez demandaron al Ministerio de Defensa exigiendo una reparación. Las demás víctimas no demandaron. El pleito terminó en una conciliación el 12 de agosto de 2011.
El Ministerio canceló a los veinte familiares de la señora Ortíz Ordóñez la suma de 871 millones de pesos. El pago se hizo efectivo a través del apoderado Over Adiel Palechor Palechor el 19 de febrero de 2012.
Con este pago, el Ministerio de Defensa decidió repetir patrimonialmente contra el ex militar para que reintegre la suma de dinero que canceló por este hecho violento.
La acción de repetición, de origen constitucional, fue creada para obtener de los funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que haya debido reconocer a los particulares como resultado de una condena o conciliación por los daños antijurídicos que les haya causado.
Sabía lo que hacía
El militar era consciente de la tragedia que planeaba. El testimonio está consignado en el voluminoso expediente.
“El militar sabía lo que hacía, lo disfrutaba, tanto así, que se reía. Contaba en forma regresiva la explosión del artefacto que portaba y jugaba con la granada pasándola de mano a mano, la activaba y desactivaba hasta que la hizo detonar”, explicó el juez al fallar el caso.
El uniformado confesó que el día de la tragedia se evadió del improvisado campamento hacia la una de la tarde. En compañía de otros dos soldados se desplazaron hasta el Salto de Bordones donde estuvieron consumiendo cerveza hasta las cuatro de la tarde. Luego regresaron a la base. Al caer la noche retornó al caserío donde siguió libando.
El presidente de la junta comunal, Eriberto Cerón Sánchez, quien milagrosamente sobrevivió, relató que el militar pidió una botella de ron, que compartía con otras personas desconocidas.
Creyendo que pretendían robarse los fondos recaudados, los sacó de la caja y los guardó en otro lugar. La docente, Luz Dary Jurado, relató que el uniformado en avanzado estado de embriaguez ingresó a su habitación y sacó la granada que comenzó a manipular.
“El soldado obró con la intención de causar el daño. Es evidente que actuó con la voluntad deliberada de cometer el ilícito sin que su estado de embriaguez lo ubicara en estado de inimputabilidad”, aseguró el magistrado de la Sala Penal al confirmar la sentencia condenatoria.
El reintegro
Años después el Ministerio de Defensa, solicitó al Tribunal Administrativo del Huila que se declare patrimonialmente responsable al ex militar Hernández Peña, por el dinero que canceló como indemnización a una de las ocho víctimas fatales. Las demás víctimas jamás fueron reparadas.
El 12 de agosto de 2011, tuvo que cancelar la suma de 784, 75 millones de pesos por los perjuicios ocasionados.
La demanda le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Neiva. La acción de repetición fue admitida el 22 de mayo de 2014.
El pleito terminó por acuerdo conciliatorio celebrado ante el Tribunal Administrativo del Huila el 12 de agosto de 2011 y aprobado 23 de agosto del mismo año, comprometiéndose la entidad a pagar las sumas correspondientes por los perjuicios ocasionados a la señora Ortiz Ordóñez.
Según certificación expedida por la Tesorera del Ministerio de Defensa la entidad desembolsó la suma 871, 06 millones de pesos (Resolución No. 936) el 19 de febrero de 2012.
“El ex militar -dijo- incurrió en una conducta dolosa pues actuó de manera consciente por fuera del cauce normativo y reglamentario, lo cual se corroboró en la investigación disciplinaria y penal adelantada en su contra”.
Por este hecho, el Tribunal Administrativo del Huila, respaldó la solicitud del Ministerio de Defensa.
“Resulta evidente que el soldado profesional actuó con la voluntad deliberada de cometer el ilícito sin que su estado de embriaguez lo ubicara en estado de inimputabilidad alguna”, concluyó el magistrado Jorge Alirio Cortés Soto.
“El victimario sin razón alguna decidió detonar una granada frente a un cúmulo de personas, jugando con el artefacto y contando en forma regresiva la explosión e indicando a sus víctimas que se morirían”, argumentó.
El ex militar fue condenado adicionalmente a reintegrarle al Estado el valor del dinero cancelado a los familiares de la víctima, más los intereses moratorios. El valor total fue estimado en 1.048 millones de pesos que deberá cancelar en un plazo de tres meses.
El soldado se encuentra actualmente privado de la libertad pagando la condena en la cárcel de máxima seguridad de la Dorada (Caldas).