Por: Francisco Argüello
Entiendo que están en campaña, que les preocupa el 2020 y los próximos cuatro años de poder, pero los diputados del Huila deberían pronunciarse sobre el polémico y cuestionado proceso de selección de Contralor Departamental manchado por improvisación, dudas y serios interrogantes.
El 20 de agosto pasado, el personero de Neiva, Óscar Huber Zúñiga, presentó un derecho de petición a la Asamblea donde pedía le certificaran la idoneidad de la Universidad Distrital para adelantar el proceso de selección. Interrogaba si la institución (experta en pedagogía, artes e ingenierías) contaba con docentes de planta en áreas afines a la Contraloría. Y lo más importante: qué facultad adelantaría la evaluación (me enteré que es ingeniería). Nadie le respondió.
Sin embargo, la Duma sí contestó en cuestión de horas un derecho de petición donde uno de los concursantes pedía que el examen lo hicieran en Neiva por su condición de discapacidad. El jueves pasado- a dos días antes de la prueba- la trasladaron de Bogotá a Neiva. El 90 por ciento de los inscritos se quedó con los tiquetes de avión comprados. Perdieron el dinero.
Entre tanto, en la convocatoria al concurso por parte de la Asamblea estaba claro que la prueba tardaría 4 horas, pero Carlos Yezid Rozo, director de Idexud, (cuestionada oficina de la Distrital), la bajó inexplicablemente a 2 el 29 de agosto.
El excontralor del Caquetá, Luis Alfredo Carvallo, envío un derecho de petición a través de un correo electrónico a Idexud donde exigía se cumplieran las reglas de juego y el instituto, envuelto en escándalos por corrupción, no tuvo otra alternativa que retractarse.
El 29 de agosto de 2019, Óscar Huber Zúñiga, Leidy Perea (jefe de control interno de la Alcaldía de Neiva), Yofran Silva (asesor de la Procuraduría en Bogotá), Jairo Humberto Múñoz, Milton Marino Gómez y Luis Suaza Maldonado, tutelaron el concurso y pidieron a la Justicia suspender y revocar el concurso por falta de garantías. Y el 30 del mismo mes, el Juez Cuarto de Competencias Múltiples, admitió la tutela y decidirá esta semana, mientras los diputados siguen silenciados.
Luis Fernando Castro Majé, uno de los aspirantes (candidato a doctor) no se prestó al juego y se retiró del concurso. Alegó falta de claridad, improvisación y transparencia. “Manifiesto mi rechazo al enlodamiento del servicio público, el mérito y la función pública”, dijo.
Carlos Alirio Esquivel fue el único diputado que pidió a la junta directiva de la Asamblea suspender ocho días el proceso, conformar una comisión accidental de diputados que revisaran el concurso, se garantizara transparencia y se le pusiera la cara a la opinión pública. Cinco días después, ni a él le respondieron, mientras en la prueba académica de la Distrital, el sábado pasado, se dedicaron a preguntar por dineros regalías petroleras, cuando el Contralor Departamental no maneja ese tema. Eso lo investiga la Contraloría General.
Nota uno: Pregunté extraoficialmente al concejal de Neiva, Carlos Posada, quiénes eran sus colegas que le debían gruesas sumas de dinero. Me confesó que Deiby Martínez le adeuda 75 millones de pesos; Amín Losada, 40 millones; Dolcey Andrade, 30 millones y Felipe Hernández, 25 millones de pesos.
Y Roberto Escobar, Marco Alirio Carrasquilla y Diego Tello, ya empezaron a pagarle las deudas. ¡Juzguen ustedes!