RICARDO AREIZA
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El ex alcalde de Garzón, Clodomiro Rivera Garzón, fue absuelto en primera instancia en desarrollo de un proceso penal adelantado por desviaciones de recursos de la salud, supuestamente ocurridas entre 2003 y 2004, cuando ejerció el cargo interinamente.El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Garzón anunció que en este nuevo caso, las imputaciones de la Fiscalía no tuvieron el fundamento jurídico, técnico y legal para dictar sentencia condenatoria. Por el contrario, estimó que las conductas endilgadas al ex alcalde Rivera Garzón no tuvieron mérito probatorio y en consecuencia decretó la absolución. La medida fue ordenada el miércoles pasado beneficiando solamente al ex mandatario, quien comparecía al proceso luego de una ruptura procesal.
Según la juez de conocimiento, la Fiscalía no logró demostrar la comisión de las conductas, de peculado por apropiación en beneficio de terceros ni celebración indebida de contratos que les imputó y reiteró durante la acusación.
Este es el segundo expediente que se desploma, por graves debilidades en la investigación. El primero fue la contratación entre Comfamiliar y la clínica Revivir en Pitalito, el 5 agosto de 2018.
Las razones
Como ocurrió con el proceso adelantado la clínica Revivir, la Fiscalía no demostró la desviación de recursos. Tampoco el peculado por apropiación, ni la indebida celebración de contratos.
Si la columna vertebral de la acusación, fue la contratación irregular, lo que se demostró en el proceso escritural es que en este caso, a la luz de las pruebas que se descubrieron, la contratación fue lícita.
“Por lo tanto, no se configuraron los delitos de indebida celebración de contratos ni celebración de contratos sin requisitos legales”, aseguró.
En el año 2016 la misma juez de conocimiento, decretó en el caso de Rivera Garzón, la nulidad de todo lo actuado y decretó la ruptura procesal. Por esa razón, la absolución solo cobijó al ex alcalde, quien ejercicio el cargo por encargo ante la separación de su titular.
Las acusaciones
La investigación fue la primera que se inició por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos del régimen subsidiado de salud.
La resolución de acusación fue proferida en diciembre de 2013 por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos contra Administración Pública de la Fiscalía en Bogotá, Ciro Alfonso Castillo Lobelo, quien además lideró los otros tres procesos por desviaciones de los recursos de la salud, destapados en junio de 2015-
El fiscal delegado vinculó a esta investigación al entonces director de la Caja de Compensación Familiar del Huila, Armando Ariza Quintero, en calidad de representante legal de la ARS Cajasalud. También vinculó y llamó a juicio a la representante legal de la clínica Medilaser María Cistina Vargas Urazán, quienes siguen vinculados al proceso penal.
Las supuestas irregularidades, según la Fiscalía, se habrían presentado entre 2003 y 2004, en un contrato que suscribió el entonces alcalde Clodomiro Rivera Garzón, quien supuestamente ejercía como interventor, con la ARS Cajasalud, para la prestación de servicios de salud del régimen subsidiado. A su vez,” subcontrató con la IPS Clínica Mediláser Ltda sabiendo que esta es una facultad exclusiva de las Administradoras de Régimen Subsidiado (ARS) y las Entidades Promotoras de Salud (EPS)”.
“En desarrollo del proceso se estableció que se habría presentado un peculado estimado en 4.571 millones de pesos toda vez que los acusados habrían utilizado la figura de la tercerización, para apropiarse de los recursos; es decir que contrataron dichos servicios con empresas prestadoras de salud que sirvieron de intermediarias con otras entidades, a las cuales le pagaban una tercera o quinta parte del valor total del contrato para cumplir el objeto del mismo”, anotó en su momento el ente acusador.
Según el fiscal Castillo Lobelo, la ARS Cajasalud contrató con la Clínica Mediláser la prestación del servicio de salud del régimen subsidiado en los niveles dos y tres, por un valor total de $3.350 millones de pesos. Sin embargo esta última subcontrató con el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito por 337.7 millones de pesos.
Durante la investigación se demostró que esos supuestos no eran ciertos.
Los fiascos
“Esta absolución guarda coherencia con lo que en realidad sucedió y con otras decisiones similares de la Contraloría y La Procuraduría. Ambas archivaron los procesos” afirmó el ex mandatario.
“Lo que nunca guardó coherencia fueron las decisiones de las Fiscalía porque no existió una relación con lo que realmente sucedió. Por ejemplo, la Fiscalía señaló que yo era el interventor del contrato y no podía serlo porque yo era el ordenador del gasto. Ese contrato tuvo una auditoría independiente pactada de acuerdo con la ley”, anotó Rivera Garzón.
“Segundo, la Fiscalía aseguró que yo liquidé el contrato, lo que no resultó cierto. Esos contratos en esa época tenían un periodo y cuando se vencieron yo ya no ejercía el cargo de alcalde Garzón ni era el ordenador del gasto. Además se probó que ese supuesto carecía de valor probatorio”.
“La otra incoherencia, la Fiscalía aseguró que la clínica Medilaser no estaba habilitada en el municipio de Garzón, pero se demostró que tenía habilitación para operar en todo el departamento del Huila.
“Adicionalmente, para determinar un supuesto peculado en Garzón la Fiscalía sumó todas las cuantías de la contratación del departamento, lo que resultaba ilógico, ya según esa apreciación como alcalde de Garzón habría contratado los servicios en todo el departamento”. Otro fiasco.
La injusticia
“Fue una injusticia que se traduce en falta de investigación porque no se trata sólo de acusar sino también de investigar. En eso la Corte ha sido clara. En mi caso no es que los elementos probatorios fueran débiles, era que no existía. Y no existían porque se probó que había un contrato de interventoría independiente, porque no liquidé el contrato, porque nunca firmé los otros contratos que la Fiscalía pretendió mostrar como prueba”, insistió Rivera Garzón.
Además, unas son las funciones de las EPS, otras muy distintas las de las ARS, son funciones muy distintas que no se pueden confundir, no existió una individualización de competencias…
‘Fue una pesadilla’
“Esta investigación que afectó terriblemente. La investigación generó una situación muy complicada para mí, para mi familia para mi círculo más cercano”.
“En el 2016 se inició un proceso de extinción de dominio, que implico que me quitaran el vehículo que estaba pagando, mi apartamento que tenía otro crédito hipotecario y un bien que tenía con mi familia. Pero además, implicó que la Procuraduría me suspendiera del ejercicio del cargo en esa entidad.
En efecto, la Fiscalía ordenó el 16 de febrero de 2016 un proceso de extinción de dominio y dispuso el secuestro material de cuatro propiedades de Rivera Garzón: un apartamento en el edificio Belmira 145 en Bogotá con su respectivo garaje; el 12,5% de la casa paterna ubicada en Garzón, su tierra natal y un automóvil Volkswagen Crossfox que estaba pagando con un crédito bancario.
“En estas condiciones-añadió- me tocó trabajar en otras cosas incluso para sobrevivir, pagar seguir pagando los créditos, me tocó realizar lo que saliera para poder cumplir. Yo decía que me tocó hacer mandados, hacer diligencias, lo que saliera porque tenía que cumplir con los créditos hipotecarios, y muchas otras cosas que producen mucha tristeza.
“Con anterioridad misma Contraloría archivó el proceso de responsabilidad fiscal porque en realidad los recursos objetos de investigación nunca se perdieron porque los servicios de salud se prestaron debidamente. De igual manera, la Procuraduría Provincial de Garzón también archivó otra investigación por las mismas razones.
“Por esta razón, recibo esta decisión de manera muy tranquila, muy serena. Siempre tuve la convicción que las cosas se hicieron ajustadas a la legalidad”, anotó Rivera Garzón.
“Esperé con mucha paciencia, siempre creí que todo iba a salir bien, como salió bien con la ayuda de Dios, las oraciones de mis amigos de mi familia también sirvieron”, subrayó.
Ahora vendrán las demandas. “Por ahora-aclaró- solo quiero estar tranquilo y regresar a mi cargo de asesor en la Procuraduría. A comenzar de nuevo”.