Iniciamos el año, sin desatar el nudo gordiano de la Contraloría General de la República. Con el pacto político del Frente Nacional, para terminar la violencia partidista, nació esta entidad para detener la creciente corrupción en los órganos del estado. Rápidamente contagiada, por la enfermedad que pretendía combatir, vió salir de sus despachos para la cárcel a cinco Contralores Generales a partir de 1971 : Escallón Ordóñez, Martínez Zuleta, González García, Quico Becerra y David Turbay. Ahora, el Fiscal Montealegre, so pretexto de un contrato de arrendamiento, quiere encarcelar a Sandra Morelli, por haberle cobrado los 4.200 millones recibidos de Saludcoop como honorarios, provenientes de la salud de los colombianos. Resultado : sin oficinas, parálisis, confrontación y escándalo en las altas esferas del país, que repetido en la presidencia, las cortes, el congreso, gobernaciones etc, originan el síndrome de la desinstitucionalización del pais. Las alcaldías a su vez, que nacieron para oxigenar la democracia y la participación ciudadana, olvidaron sus destinos y propósitos. Si observamos a Neiva, la encontramos inundada de propaganda de los precandidatos al cargo de alcalde, con un año de anticipación, llevándose por la borda la ley y el Consejo Electoral, que la permiten a partir del mes de Julio. El alcalde no la retira; a ellos no les intimidan las multas. Aún sin aval de sus partidos, cada cual va por lo suyo. Ocurre esto, a la vista ciudadana; qué no ocurrirá en la intimidad de su poder, resolviendo licitaciones, contratos, nombramientos? En poblados pequeños imperan la arrogancia, el abuso de poder y la ignorancia funcional con nefastas consecuencias. Los contratos a dedo para los amigos, las viviendas, y el empleo. En municipios muy pobres se dotó de vehículo oficial – de esos decomisados por el Instituto de Estupefacientes -a la esposa del alcalde, que ostentaba oficina, papelería, poder etc. En algún municipio, reemplazaba a su esposo durante sus ausencias, con plenas facultades de alcaldesa municipal. No exige la ley mayores requisitos para el cargo, como saber leer y escribir, o algún conocimiento de lo público. La figura constitucional de la revocatoria del mandato ha sido ineficaz; ninguna prospera aún en casos criminales. La Procuaduría no obstante sus limitaciones, ha sancionado a más de 1.000 burgomaestres colombianos. Es decir, que al resultar más grave el remedio que la enfermedad, se imponen reformas fundamentales. Puedo adolecer de malicia y pecar de ingenuo, pero me seduce al rompe, la sugerida constituyente de La Habana. Un sueño para quebrar desigualdades e injusticias, y no pronunciar por difícil y por desgraciada, la palabra desinstitucionalización.