Hace pocos días el gobierno nacional anunció una nueva estrategia para combatir la explotación ilícita de minerales, actividad desbordada precisamente por falta de control del Estado en muchas zonas del país. Los anuncios incluyen un pequeño maquillaje al Código de Minas en el sentido de darle facultades a la Policía para el cierre de operaciones mineras ilegales, así como el decomiso de maquinaria, insumos y minerales, facultad que probó su ineficacia en cabeza de los Alcaldes. También se crearán batallones especializados para combatir este cáncer que no solo genera irreparables daños ambientales sino que, según el Ministerio de Defensa, se ha convertido en la principal fuente de financiamiento de grupos ilegales, de ahí que el gobierno hable de “minería criminal”. Hoy existen más de diez mil títulos mineros en el país, de los cuales por lo menos un 25% corresponde a metales preciosos, muy pocos de esos títulos se encuentran en fase de explotación, no más de 10 proyectos reportan producción importante en la actualidad y de las cerca de 60 toneladas que pagaron regalías en 2014 solo 20 pueden ser atribuidas a éstos, el resto se presumen como minería artesanal y/o en proceso de legalización y oro chatarra, de manera que un porcentaje importante proviene sin lugar a dudas de minas ilegales que por defectos de la ley y la institucionalidad, termina pagando regalías y volviéndose legal. La cadena de producción y comercialización es profunda y sofisticada y se extiende desde las minas abiertas con maquinaría pesada en las selvas y ríos más apartados del país, hasta los centros de comercialización y exportación legal en varias capitales. En el camino donde un kilo de oro en boca de mina cuesta alrededor de 80 millones de pesos, es mucha la gente involucrada. Los bancos que facilitan el leasing para la adquisición de la maquinaría, las estaciones de servicio que proveen el combustible necesario para jornadas de más de 15 horas diarias, los proveedores de maquinaria pesada, los vendedores de insumos, los comercializadores internacionales, en fin mucha gente con mucho poder y dinero, pero nadie asume responsabilidad alguna. Parece no importarles que las retroexcavadoras que financian y los insumos que comercializan estén siendo utilizados para acabar con la naturaleza, ni mucho menos que parte de esta actividad esté bajo el control de grupos criminales. Por eso más que policías y soldados, la estrategia debe centrarse en perseguir el flujo de recursos que se mueve entre las bocaminas y las empresas que posan de legales, no vaya a ser que el brillo del oro los esté dejando ciegos.
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